Exámenes escritos en el segundo examen de Estado
Concepto y significado
Los exámenes escritos en el segundo examen, también conocido como examen de acceso o segundo examen de Estado, son una parte central del segundo examen estatal jurídico en Alemania. Junto con la prueba oral, constituyen uno de los dos principales componentes del procedimiento de examen para obtener la habilitación para la judicatura y son requisito para la admisión a numerosas profesiones jurídicas. Las pruebas escritas sirven para determinar hasta qué punto los examinados poseen los conocimientos, habilidades y competencias necesarios para ejercer una actividad jurídica cualificada.
Bases legales
Regulaciones legales
La realización y el diseño de los exámenes escritos en el segundo examen están regulados por la Ley Alemana de la Judicatura (DRiG), por las leyes de formación jurídica de los estados federados (JAG) y por los respectivos reglamentos sobre el sistema de exámenes. El siguiente resumen ofrece un ejemplo de las condiciones generales, que presentan similitudes entre los distintos estados federados, aunque pueden diferir en los detalles.
Finalidad y función
Los exámenes escritos tienen como objetivo demostrar la capacidad de tratar de manera autónoma casos amplios y prácticos de diversos ámbitos jurídicos. Además de la corrección técnica, se evalúan especialmente el enfoque metodológico, la viabilidad práctica de las soluciones y la observancia de los requisitos procesales.
Estructura y desarrollo
Número y distribución de los exámenes
Según el estado federado, varía el número de exámenes que se deben realizar en el segundo examen estatal jurídico. Por regla general, deben elaborarse entre ocho y diez exámenes dentro de un periodo determinado (generalmente dos semanas). En cuanto al contenido, normalmente se distribuyen de la siguiente manera en las siguientes áreas del derecho:
- Derecho civil: aproximadamente cuatro a cinco exámenes,
- Derecho penal: uno a dos exámenes,
- Derecho público: dos a tres exámenes,
- Materia optativa: un examen, dependiendo de la especialización elegida.
Forma y extensión
Los exámenes consisten principalmente en la elaboración completa de resoluciones judiciales, sentencias, autos, escritos de demanda o acusaciones. Suelen requerir entre cinco y ocho horas de trabajo por examen. La resolución exige una solución centrada en el caso sobre una base fáctica extensa, que incluye problemas procesales y de derecho sustantivo.
Lugares de examen y realización
La realización de los exámenes tiene lugar bajo supervisión en salas de examen seleccionadas, y el uso de materiales auxiliares (autorizados, como textos legales y comentarios sin anotaciones) se rige por la normativa estatal. La supervisión del examen vela por el cumplimiento del reglamento, especialmente por la igualdad de oportunidades y la imparcialidad.
Criterios de evaluación y corrección
Criterios de evaluación
La evaluación de los exámenes escritos se realiza conforme a una escala de calificaciones establecida, que es en gran medida uniforme en todo el país. Los criterios determinantes son:
- Corrección material de la solución,
- Completitud del tratamiento,
- Argumentación sistemática y metodológica,
- Capacidad de expresión jurídica,
- Aplicabilidad práctica,
- Corrección formal y estructura.
El enfoque principal está en la solución ajustada a la práctica y en la adecuada valoración de los puntos problemáticos jurídicos teniendo en cuenta las líneas argumentativas encontradas.
Procedimiento de corrección
Por regla general, los exámenes son corregidos y evaluados por dos examinadores independientes. En caso de diferencias significativas en la puntuación, se debe recurrir a un tercer examinador. Las calificaciones se otorgan en puntos según el sistema de 18 puntos, y para aprobar la prueba escrita es necesario alcanzar una puntuación mínima.
Recursos y reclamaciones del examen
Contra la evaluación de las pruebas escritas existen, conforme a la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo (VwGO), vías de protección jurídica. Un recurso o demanda puede basarse especialmente en errores de evaluación, infracciones procesales u otros defectos jurídicamente relevantes. Sin embargo, la revisión judicial se limita a errores de valoración que excedan el margen específico de apreciación del examen.
Importancia en el procedimiento de examen
Los resultados de los exámenes escritos tienen un peso especialmente elevado en el segundo examen estatal jurídico. Representan una gran parte de la nota final y son además requisito para la admisión al examen oral. No aprobar el examen escrito conlleva generalmente la exclusión de la continuación en el examen.
Preparación y relevancia para la carrera profesional
La preparación para los exámenes escritos tiene una importancia especial, ya que en el segundo examen de Estado se evalúan las capacidades prácticas en el ejercicio profesional como abogado, juez o en la administración. Superarlo con éxito no solo es requisito para la inscripción en las listas de personas autorizadas para el ejercicio de la justicia que mantienen los estados federados, sino también para el acceso a numerosos campos profesionales jurídicos en Alemania.
Nota: Las concreciones y requisitos pueden variar según el estado federado. Para información vinculante rigen las disposiciones estatales respectivas y los avisos de las oficinas de examen competentes.
Preguntas frecuentes
¿Qué condiciones jurídicas rigen la realización de los exámenes escritos en el segundo examen de Estado?
La realización de exámenes escritos en el segundo examen de Estado está sujeta a estrictas disposiciones legales, que derivan principalmente del correspondiente Reglamento de Examen Judicial del Estado (LJPA), de las leyes de formación de los estados federados y de las disposiciones administrativas generales. Estas normas incluyen, entre otras cosas, disposiciones sobre número y tipo de exámenes, su duración, supervisión, acceso y motivos de exclusión, materiales permitidos, así como el tratamiento de intentos de fraude. La admisión al examen, los requisitos para el lugar de examen y las condiciones (por ejemplo, accesibilidad, ampliación de tiempo por compensación de desventajas), así como los plazos para la realización o la posibilidad de repetición, están reglamentados de forma explícita y también sujetos regularmente a control judicial. Además, existen normas legalmente protegidas para la protección de datos personales y la anonimización de los trabajos.
¿Qué derechos tienen los candidatos en relación con la compensación de desventajas en los exámenes escritos?
Los examinados tienen, de acuerdo con la Ley General de Igualdad de Trato (AGG) y disposiciones comparables en las leyes de formación de los estados, un derecho legalmente protegido a una compensación adecuada de desventajas si presentan discapacidades físicas o de salud. Esto incluye especialmente ampliaciones del tiempo de resolución, ayudas técnicas o asientos individuales. La solicitud debe presentarse a tiempo y con la documentación correspondiente. La autoridad examinadora decide sobre la concesión según su deber de discreción, debiendo la medida ser adecuada, necesaria y razonable para compensar la desventaja, sin menoscabar el estándar de rendimiento del examen. Las decisiones pueden ser revisadas legalmente, incluso en procedimientos de urgencia.
¿Cómo se regula jurídicamente el procedimiento en casos de intento de fraude o infracciones durante los exámenes?
El procedimiento en casos de intento de fraude o infracciones se deriva de los reglamentos de examen pertinentes y de las leyes generales de procedimiento administrativo. Los examinados que hagan trampa o perturben el desarrollo del examen pueden ser excluidos de la participación. El trabajo puede, dependiendo de la gravedad de la infracción, ser calificado total o parcialmente con cero puntos. La exclusión o la anulación de una prueba es un acto administrativo gravoso contra el que se pueden ejercer recursos como oposición o demanda. La autoridad examinadora debe fundamentar detalladamente la decisión y garantizar el derecho de audiencia al examinado.
¿Qué aspectos jurídicos deben tenerse en cuenta en la evaluación y corrección de los exámenes escritos?
La evaluación de los exámenes debe realizarse conforme a criterios objetivos, transparentes y comprensibles, que se derivan de los reglamentos estatales de formación y de la jurisprudencia aplicable. Los correctores están obligados a fundamentar su evaluación y cumplir las expectativas previstas. Las divergencias injustificadas, los errores de valoración o los defectos procedimentales (como la parcialidad de un examinador) pueden ser impugnados legalmente. Los examinados tienen derecho a acceder al expediente para poder comprobar eventuales errores de valoración, así como el derecho, en su caso, de presentar recurso contra la evaluación o interponer demanda administrativa.
¿Qué plazos de conservación y normas de protección de datos rigen para los exámenes escritos?
Para la conservación y tratamiento de los exámenes y los datos personales de los examinados existen, en base a las leyes regionales de archivo y protección de datos y al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), estrictas regulaciones. Los documentos de examen deben conservarse durante un periodo determinado, normalmente fijado en las ordenanzas de examen estatales (a menudo entre 3 y 5 años). Durante este periodo, el examinado tiene derecho a acceder al expediente, siempre que no existan motivos válidos de exclusión. Tras la expiración del plazo, los trabajos deben destruirse correctamente y conforme a la protección de datos.
¿Qué normas rigen para la admisión a los exámenes escritos?
La admisión a los exámenes escritos está regulada en las leyes de formación de los estados y en los reglamentos estatales de examen judicial. Generalmente es requisito haber realizado debidamente el servicio jurídico preparatorio y presentar todos los documentos de inscripción en tiempo y forma. Las autoridades examinatorias verifican además si existen motivos de omisión o impedimentos como enfermedades (si se presenta certificado médico) o licencia de maternidad, que puedan justificar el derecho a la admisión o el aplazamiento del examen. Las decisiones sobre la admisión son actos administrativos y pueden ser revisadas judicialmente.